Visto para sentencia el juicio contra Urquía y Roca, que advierte de que va a decir “la verdad”

Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Roca volvió a reiterar lo que dijo en su primera comparecencia, que entregó dinero al juez para ayudarle a la compra de su casa a cambio de favores judiciales, y afirmó que no han existido “maquinaciones, pactos, ni acuerdos ocultos”.

Su declaración ha respondido a una “reflexión seria y profunda”, que ha contado con la “oposición” de su abogado, para decir “la verdad” en este plenario “y en los próximos”, “con todo lo que eso comporta”. Reconoció que ese cambio de actitud le supondrá “más perjuicios que beneficios” y aseguró que si hubiera intentado dañar a alguien con su confesión la hubiera realizado después de la declaración de los otros dos acusados y no al comienzo de la vista, como así lo hizo.

El juez, que también hizo uso de su derecho, mantuvo la posición contraria y aseguró que “al final se ha demostrado que existía un pacto entre la Fiscalía y Roca”, ya que finalmente el Ministerio Público ha mantenido su petición de tres años de cárcel para el magistrado y Fabrice y ha rebajado la de Roca a uno.

En ese sentido, apuntó que ya conocía “desde el viernes” por otros compañeros y profesionales de la justicia la existencia de un posible pacto. “Veníamos descorazonados porque sabíamos que se iba a liar”, dijo el juez, que señaló asimismo que éste “es uno de los procedimientos más extraños que se han visto nunca”.

Agregó además que le parece “increíble” que el contenido de la conformidad con la Fiscalía sea “mentir” y aludió a la “iluminación catártica” de Roca de ayer ante su confesión “subvirtiendo sus tres declaraciones anteriores”. “No se pudo decir más mentiras y falsedades en tan poco tiempo”, mantuvo.

“CONDENA DE UN INOCENTE”

De igual forma criticó que “el Ministerio Fiscal, para obtener una condena de un inocente, vaya de la mano de un individuo de la envergadura de Roca”. Finalmente concluyó su turno mostrando, influido, según dijo, por su profesión y por la de su padre, también magistrado, “confianza” en la justicia.

En su informe final, el fiscal mantuvo que el juez buscó “el beneficio de una parte en contra de otra” en alusión a la actuación del juez con el programa de Cristóbal Toro contra el que Roca había presentado una denuncia y que, con posterioridad, De Urquía y Arnaud Fabrice acordaron acudir al ex asesor de urbanismo para pedirle dinero para ayudar al magistrado en la adquisición de una vivienda.

Por su parte, el abogado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, insistió en la nulidad de las intervenciones telefónicas por la “falta” de control judicial sobre ellas y también de las entradas y registros en la Gerencia de Urbanismo durante el desarrollo de la operación “Malaya”. No quiso valorar la confesión de su cliente al haber entrado éste “en todo lujo de detalles”.

La defensa del juez, ejercida por Antonio González Cuéllar, hizo una amplia exposición, de más de una hora, en la que expuso las razones por las que a su juicio el acusado es inocente. Apuntó así la inexistencia de conversaciones telefónicas entre su defendido y Roca y se preguntó por qué el juez iba a acudir a él a pedirle 73.800 euros siendo solvente económicamente su mujer.

Por otra parte, el letrado de Arnaud Fabrice, Javier Boix, incidió en el hecho de que “no hay ni una prueba de la que se pueda deducir ni siquiera indiciariamente de que haya intermediado” entre De Urquía y Roca, y volvió a destacar, como así lo hiciera en las cuestiones previas planteadas en la primera sesión del juicio, en la nulidad de las conversaciones telefónicas.

Precisamente en la sesión de hoy, en la que se practicaron las pruebas periciales, la Sala oyó hasta doce conversaciones mantenidas entre Arnaud Fabrice y Roca, y de Roca y los hermanos que le vendieron la casa al juez, del 15 al 17 de marzo de 2006, cuando supuestamente el ex asesor de urbanismo pagó 73.800 euros a De Urquía.

CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

En la primera, Fabrice le habla a Roca de una conferencia de prensa, que podría ser la que convocó Cristóbal Toro para informar de la suspensión de su programa; en la segunda Fabrice indica a Roca, bajo las recomendaciones de una tercera voz que se oye de fondo –presuntamente la del juez–, que debía presentar una querella para la suspensión de la emisión del programa.

En la tercera, ya el 16 de marzo, Fabrice –siempre supuestamente– le pregunta a Roca por su regreso y éste, que le indica que está en Madrid, le dice que vuelve por la noche y queda con él por la mañana temprano para que recoja lo que ya ha “preparado”.

En las siete siguientes, del 17 de marzo pasadas las 12.00 horas, Roca se hace pasar por un tal “Fernando”, “el abogado de Paco”, y le hace preguntas a los dueños de la vivienda que el juez pretendía adquirir sobre los datos del inmueble. Ya por la tarde Roca habla de nuevo con Fabrice, que le dice que “todo está bajo control” y que su amigo “está muy contento”.

El juicio comenzó el pasado lunes, si bien la sesión fue aplazada hasta el día siguiente al retirarse el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, después de pedir su abstención las defensas por haber escuchado conversaciones telefónicas de otra causa abierta contra el juez, razón por la que además el propio García Calderón recusó en su día al presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y al magistrado Jerónimo Garvín.

Por eso, de manera excepcional, el tribunal ha estado presidido por la magistrada Inmaculada Montalbán, que ha tenido que atender a los numerosos requerimientos de recesos de ambas partes en las sesiones para deliberar o, en el caso de la defensa de Urquía, para practicar más pruebas, a raíz de la confesión de Roca –este último desestimado–.

El juez se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por el delito de cohecho y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público de juez o magistrado por la posible comisión de los delitos de prevaricación judicial, asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, por los que pide también una multa de 213.000 euros.

Por el delito de cohecho, con el que la defensa de Roca expresó su conformidad, el fiscal pide para el ex asesor de urbanismo una multa de 73.800 euros e inhabilitación para empleo o cargo público y mantiene su petición por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida una multa de nueve meses con una cuota diaria de 100 euros y suspensión de empleo a cargo publico por tiempo de dos años.

Para Arnaud Fabrice mantiene la petición de otros tres años de cárcel por el delito de cohecho y una multa de 177.000 euros por el de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público, y nueve de suspensión de empleo o cargo público.